*Inician 60 días de campaña los más de tres mil candidatos a diputados

Otro País Noticias, Ciudad de México, 28 de abril de 2018 (Notimex).- El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) recordó que este domingo 29 de abril inician 60 días de campaña los más de tres mil candidatos a diputados, alcaldes y concejales de la ciudad.

En un comunicado explicó que hasta el próximo 27 de junio, los candidatos podrán realizar y participar en todos actos en los que se dirigen al electorado para promover sus respectivas candidaturas, como reuniones públicas, debates, asambleas, visitas y marchas.

También podrán usar propaganda electoral, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, mantas, carteles, pintas de bardas y expresiones que durante esta etapa produzcan y difundan mensajes para promoverse.

El consejero presidente del IECM, Mario Velázquez Miranda, confió en que las y los candidatos y partidos políticos enfocarán sus actividades de campaña en plantear propuestas de solución a los problemas de la ciudad y evitar las descalificaciones.

“Lo que se busca es propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones que tanto los partidos como las y los aspirantes plasmaron en sus plataformas electorales”, señaló.

El IECM recordó que, por norma, los candidatos y partidos tienen prohibido difundir programas y acciones de gobierno, tanto de instancias locales, como de las federales en el ámbito de la capital del país.

Tampoco podrán usar la imagen de servidores públicos ni utilizar programas sociales y recursos públicos, para inducir o coaccionar el voto a favor o en contra de cualquier partido o candidato(a).

De igual forma, no podrán utilizar símbolos, signos o motivos religiosos, expresiones verbales o alusiones ofensivas a candidatas(os) y partidos que contiendan en la elección.

Además, está prohibido colocar propaganda electoral al interior y exterior de edificios públicos, en monumentos históricos, arqueológicos, artísticos, que dañe el equipamiento urbano o ponga en riesgo la integridad física de las personas. Y en caso de colocarla en inmuebles privados, debe haber permiso del propietario.

En los comicios del próximo 1 de julio a nivel local se elegirán 243 cargos, esto es, un jefe de gobierno, 66 diputados locales y 16 alcaldes y sus respectivos 10 concejales por cada uno, es decir 160 concejales, estas dos últimas son nuevas figuras de gobierno.

En ese mismo sentido, el IECM recomendó denunciar cualquier situación de compra y coacción del voto, así como la utilización de programas sociales ante ese organismo y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

El consejero Mauricio Huesca recordó que existe la prohibición de servidores y funcionarios públicos de realizar actos de promoción personalizada y uso de recursos del erario, a través de carteles, espectaculares, spots, revistas, mensajes en Internet y redes sociales, entre otros.

Los servidores públicos pueden presentar informes de labores, siempre y cuando se apegue a las regulaciones, aclaró, y durante los procesos electorales lo único que se suspende es la difusión, no el programa social, el cual debe continuar y beneficiar a la ciudadanía.

El IECM emitió lineamientos de neutralidad cuyo objetivo es transparentar la rendición de cuentas de los programas sociales y solicitó al gobierno capitalino y a las 16 delegaciones, el listado de los vigentes, padrón de beneficiarios y reglas de operación.

Durante una capacitación a distancia organizada por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), Huesca dijo que con ello se pretende dar seguimiento, investigar y, en su caso, detectar posibles casos de proselitismo, a través de un programa social.

El órgano electoral suscribió un convenio con la finalidad de incluir personal del IECM en el monitoreo de las calles y en caso de detectar irregularidades, enviar a alguno de los 60 oficiales electorales que trabajan en campo.

Estos realizarán las investigaciones pertinentes, requerirán a las autoridades y armarán un cuaderno de análisis para saber si algún programa social opera de manera legal o presuntamente coaccionada.